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Réquiem por las
librerías
Por su interés reproducimos íntegramente la carta que
recientemente nos fue remitida a la redacción de elkiosco.info por
Elisabet
Azcárate, gerente de la Federación de Comercios de Navarra,
en representación de
la Federación de Comercios de Navarra, la Asociación de Vendedores de
Prensa y Revistas y la Asociación de Libreros de Navarra.
«La pasada primavera el Parlamento de Navarra impulsó por
unanimidad la Ley Foral 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura del Libro y
de la Biblioteca. Una norma que tenía por objeto fundamental la gratuidad
de los libros de texto escolares para las familias navarras. Un fin que
todos compartimos, en la medida que supone aliviar un coste familiar muy
importante y gravoso para todos aquellos hogares con hijos en edad
escolar.
La buena intención de esta ley, redactada con sus luces y
sus sombras —pero positiva en última instancia—, se ha desvirtuado
totalmente una vez que el Departamento de Educación ha ultimado el
reglamento que se aprobó el pasado 11 de agosto.
La ley preveía que fueran las familias las que adquirieran
los libros mediante un bono-cheque en aquellos puntos de venta que
estimaran oportunos. Sin embargo, un dictamen no vinculante del Consejo
Escolar de Navarra, asumido por el Departamento de Educación, modificó
totalmente el mecanismo original y abrió la puerta a que los centros
escolares compraran los libros y los distribuyeran entre los alumnos.
Un movimiento que se produjo veinte días después de que el
Parlamento aprobara por unanimidad una moción de NaBai que instaba al
Gobierno a que “el desarrollo reglamentario incorporara fórmulas al objeto
de que la adquisición de los materiales se realice en el gremio de
libreros de nuestra comunidad”. Más aún, en la misma sesión los grupos
políticos rechazaron una moción de IU para que la ley recogiera la gestión
directa de los libros por parte de los colegios. Precisamente, lo que el
reglamento finalmente ha contemplado.
La Asociación de Vendedores de Prensa y Revistas, la Asociación de
Libreros y la Federación de Comercios han alertado al Parlamento, al
Defensor del Pueblo y al propio consejero de Educación que abrir esa
puerta suponía desvirtuar el espíritu de la ley, ya que cede a los centros
la propiedad de los libros en lugar de que pertenezcan a la Administración
educativa. Sin embargo, nada se ha movido. Así, el 70% de los centros ya
se han preparado para adquirir directamente los libros y gestionarlos
ellos. ¿Qué supone esto? Primero: relegar a las familias a un papel
secundario e impedir que sean ellas las beneficiarias directas de las
ayudas. Segundo: Un negocio redondo para los centros. Tercero: Un desastre
para las librerías.
En la práctica las ayudas no las recibirán las familias,
sino el propio centro que es, no sólo el propietario de los libros
adquiridos, sino que además establece la forma de pago y los contratos
(bonos) de adquisición. El papel del beneficiario de las ayudas
desaparece. Además el reglamento prevé que el centro pueda derivar dinero
hacia material complementario que elaboren ellos mismos (fotocopias,
cuadernillos…).
Por si fuera poco, la ley tiene un efecto perverso y
demoledor contra el sector de los libreros. Los centros al ser receptores
directos de las ayudas ven en esta ley una vía de financiación. Así, nos
consta que la mayoría de los centros están negociando directamente con las
editoriales la compra de libros. Al eliminar un intermediario, las
editoriales pueden ofrecer precios en los que ganan ellos y ganan también
los centros. La Administración acaba primando que las editoriales se
dirijan a la venta a detalle saltando toda regla de transparencia y
competencia de los mercados.
Por su parte, los centros se convierten en empresas de
distribución que formalizan ante la Administración facturas de
compra–venta sin saber qué cumplimiento legal existe en cada centro de las
normas legales relativas a la empresa.
En resumen, una ley pensada para beneficiar a las familias
acaba convirtiéndose en una ley que trata a las familias como sujetos
pasivos, sin capacidad de decisión o elección, y que abre una vía de
financiación para que los centros escolares se transformen en empresas
comerciales que gestionan dinero público sin costes empresariales. Una
labor que realizan a costa de poner en grave riesgo la supervivencia de
más de 200 establecimientos cuyo principal ingreso anual proviene de la
venta de libros de texto. Ya de paso, que vayan pensando en darse de alta
con licencia económica para que cuando las librerías cierren puedan vender
libros de lectura, cuadernos, bolígrafos, periódicos…
La situación es tan absurda como pensar que los centros de
salud obtengan ingresos extraordinarios a través de la dispensa directa de
medicamentos suministrados por los laboratorios, al margen de las
farmacias. Si en un breve plazo los legisladores no reaccionan y evitan
una distorsión evidente de la ley por intereses en nada relacionados con
las familias o con la cultura, tendremos que acudir a los tribunales. Ante
tamaño disparate, único en todas las legislaciones autonómicas, no nos
dejan otra salida.
Elisabet Azcárate»
elkiosco.info
[sábado 6 de septiembre
de 2008]
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