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Los quiosqueros hemos llegado
al límite de la paciencia
Ana Valle Moya
Los vendedores de prensa estamos sufriendo desde el primer día del año
—incluso antes— un auténtico calvario.
Todo empezó con la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre de 2005, de
medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro,
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, conocida como «Ley
antitabaco», que impedía a los quiosqueros la venta de tabaco desde el 1
de enero. El nuevo ordenamiento legal, a todas luces injusto y
discriminatorio, provocó la indignación y las movilizaciones del sector
que tuvieron su punto más caliente el pasado 30 de enero.
Afortunadamente y después de cuarenta días en el que muchos
profesionales contemplaron incluso la posibilidad del cierre de sus
negocios a corto plazo, el Gobierno tuvo a bien desoír a los
fundamentalistas del antitabaquismo y rectificar. El
Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, en
efecto, no nos ponía en la situación anterior, en la que los quiosqueros
vendíamos tabaco en mano con las pertinentes autorizaciones —y el pago de
las tasas correspondientes, que a nadie se le olvide— del Comisionado del
Mercado de Tabaco, pero al menos daba a los profesionales de la venta de
prensa la posibilidad de instalar máquinas expendedoras. El golpe ya
estaba dado, las pérdidas de esos cuarenta días habían sido cuantiosas,
pero al menos el Gobierno tuvo a bien procurarnos betadine, tiritas y
esperanza.
Sin embargo, la alegría no duró mucho. Sólo horas. Las suficientes como
para que, disipada la ilusión de los primeros instantes, cayéramos en la
cuenta de que la redacción del citado Real Decreto-Ley era lo
suficientemente ambigua
―por
no decir sintácticamente pésima― para que desatase los primeros
recelos. De tal forma, que el 16 de febrero la Junta Directiva de la
Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Valencia y Provincia (APVPVP)
emitió una circular en la que, pese a que no abandonábamos la lectura «en
positivo» del Real Decreto-Ley, hacíamos un llamamiento a la prudencia y
recomendamos a los asociados cuyos negocios están situados en bajos de
edificios no instalar, de momento, máquinas expendedoras para evitar
posibles sanciones.
¿Tenían
fundamento estos recelos o, por el contrario, obedecían a un injustificado
clima de histeria? Lamentablemente, lo que parecía una rectificación
gubernamental se había convertido en una trampa. La duda que teníamos —y
tenemos— es si esa trampa es fruto de la impericia o se trata de una
argucia premeditada. En cualquier caso, no era ésta una preocupación única
y exclusiva de los quiosqueros, sino que la cuestión saltó al Parlamento.
Así, en la sesión de convalidación parlamentaria del Real Decreto-Ley,
celebrada el pasado 23 de febrero, el diputado Sánchez Llibre, de
CiU, manifestó que «en el sector de los
quioscos de venta de prensa existe una cierta preocupación. Ahora, a
través de este real decreto, se les ha posibilitado la instalación de
máquinas expendedoras de tabaco, y nosotros, recogiendo la preocupación
del sector, pensamos que quizá la definición del real decreto no deja
suficientemente claro cuál es la definición de lo que podríamos denominar
quiosco» (las negritas son nuestras). Y, más adelante, el mismo
diputado pide al Gobierno que «aclare
cuáles son los quioscos o los puntos de venta a los que se les va ha
posibilitar la habilitación para instalar máquinas de venta de tabaco»
(las negritas vuelven a ser nuestras). La respuesta gubernamental se
marchó, inexplicablemente, por los cerros de Úbeda. A primeros de este
mes, el diputado y portavoz adjunto de la
Comisión de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte,
pidió explicaciones al Gobierno para «evitar la incertidumbre» con
respecto a la venta de tabaco como consecuencia de la confusa redacción
del Real Decreto-Ley. Y la respuesta fue un nuevo chapoteo en la charca de
la indefinición.
Sin embargo, esta abracadabrante situación la ha roto —para bien o para
mal, que eso ya se verá— Felipe Sivit Gañán, presidente del
Comisionado del Mercado de Tabaco, en un escrito con fecha 8 de marzo y en
contestación a la consulta que el abogado de CONADIPE (confederación a la
que pertenece la APVPVP), Francisco Javier Ramas Ramírez, elevó a
dicho organismo, con fecha del 20 del pasado más de febrero.
En su respuesta, el sr. Sivit Galán dice, entre otras cosas:
«El
artículo 4b) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y
la publicidad de los productos del tabaco, en su redacción dada por el
Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, convalidado por la Resolución
de 23 de febrero de 2006, del Congreso de los Diputados, hace una
referencia expresa a los quioscos de prensa, pero únicamente cita a los
que ocupan la vía pública: establece que las máquinas expendedoras
“sólo podrán ubicarse en el interior de quioscos de prensa situados
en la vía pública”. En consecuencia debe interpretarse que quedan
excluidos de esta referencia expresa otro tipo de establecimientos
comerciales dedicados a la misma actividad pero situados en locales
pertenecientes a un inmueble.
Continúa el mismo
artículo: “o en el interior de locales, centros o establecimientos en
los que no esté prohibido fumar”. Si en virtud del artículo 7 del
mismo texto legal está prohibido fumar en centros de trabajo (apartado a))
y en zonas destinadas a la atención directa al pública (apartado f)), debe
concluirse que no podría autorizarse la venta de productos de tabaco en un
establecimiento de las características descritas.» (las negritas, en este
caso, no son de nuestra cosecha).
Como quiera que el Comisionado del Mercado de Tabaco depende directamente
del Ministerio de Economía y Hacienda y ante la pasividad del Gobierno,
¿debemos entender que el sr. Sivit Galán hace una lectura
restrictiva y personalísima del Real Decreto-Ley o, por el contrario, está
asumiendo la portavocía del poder ejecutivo en todo este embrollo?
Los
quiosqueros valencianos y todos los quiosqueros que, de punta a punta del
país, vendimos sin problemas tabaco hasta la noche de San Silvestre del
pasado año, hemos agotado nuestros depósitos de paciencia. Hemos
demostrado hasta aquí una capacidad de de diálogo sin precedentes. Hemos
considerado que el espíritu de la
«Ley antitabaco» no
sólo no era malo, sino que no hemos tenido reparo alguno en aplaudirlo.
Hemos hecho caso omiso a todas aquellas provocaciones que pretendían que
el sector de la venta de prensa entrara en una guerra absurda con
estanqueros, y bares y restaurantes, que salían claramente beneficiados.
Hemos guardado prudente silencio ante todo tipo de mentiras y estupideces
por parte de los fundamentalistas del antitabaquismo, que se han
atrevido incluso a presentarnos ante la opinión pública poco menos que
como narcotraficantes tolerados. Hemos asumido estoicamente pérdidas de
ingresos y, lo que es más grave, de clientela. Y ahora, para colmo, nos
han metido en un laberinto jurídico... Todo, sin embargo, tiene un límite
y el sector que represento no puede esperar más.
Necesita y exige una respuesta urgente y diáfana por parte del Gobierno.
Una respuesta que no puede ser de viva voz —estamos hartos de palabrería
que el viento se lleva— sino que, a estas alturas del conflicto, la
queremos ver en forma de letra impresa en las páginas del «BOE». Y
mientras eso llega, el próximo martes, día 28,
de 10.30 a 12 horas, los quiosqueros valencianos han sido llamados,
nuevamente, al cierre de sus negocios y a una concentración ante la sede
del Delegación del Gobierno.
Ana Valle Moya
[Presidenta]
[domingo 26 de
marzo de 2006]
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