Legislación

Los autónomos exigen no pagar el IVA de las facturas pendientes de cobro mientras el gobierno aprueba otra serie de medidas

El pasado 22 de abril ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, a través de su presidente, Lorenzo Amor, pidió al Gobierno que aplicara con carácter de urgencia la propuesta que aprobó el Congreso de los Diputados. Una propuesta que permita que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas no tengan que pagar el IVA correspondiente de las facturas que no se hayan cobrado. Insistió en recordar que “llevamos más de nueve meses de crisis económica exigiendo que se adopte esta medida”, y aunque la calificó de “inmejorable” resaltó la necesidad de su aplicación inmediata. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, efectivamente, el pasado día 21 de abril, esta propuesta por unanimidad de todos los grupos políticos.

Sin embargo, el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy, viernes 24 de abril, ha aprobado una serie de medidas que pretenden ayudar a la pequeña empresa y a los autónomos. Pendiente todavía de mayor información y de su publicación, las líneas fundamentales de estas medidas son las siguientes:

  • Apertura de una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 3.000 millones para que los autónomos y las PYMES puedan solicitar créditos por el 95% de las facturas pendientes de cobro a las administraciones públicas. Contempla un límite de 300.000 euros por acreedor para evitar que las grandes empresas acaparen los avales y con el objetivo de asegurar que las pequeñas empresas y los autónomos tengan un acceso real a los créditos.
  • Se habilita un programa de liquidez a través del ICO para los autónomos y las PYMES, así como otro de moratoria.
  • Se flexibilizarán los criterios por los que se concedía el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social siempre que exista un compromiso por parte de las empresas de mantenimiento del empleo.
  • Los comercios tendrán libertad de establecimiento y no necesitarán una licencia de apertura, según el proyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que ha aprobado el Consejo de Ministros. El proyecto de ley, según el Gobierno, respetará las competencias de las comunidades autónomas sobre la autorización para establecimientos comerciales, reducirá costes para quienes quieran abrir un negocio y generará más empleo.