El año 2012 se ha cerrado como el ejercicio con mayor presión fiscal e impositiva y a su vez, con menor renta profesional y actividad económica, lo que ha restado nuestro poder adquisitivo y lastrado el consumo.

Durante 2012 cerca de 4.000 autónomos se vieron obligados a dejar su actividad comercial en España, lo que refleja que el comercio continúa un mes más su particular caída libre si tenemos en cuenta que desde mayo de 2008 ha caído la afiliación al RETA en el sector del comercio en 45.000 autónomos. En cuanto a las ventas del comercio minorista en España arrastran ya 29 meses de caídas continuas al descender en noviembre un 7,8% en relación a igual mes de 2011, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Especialmente preocupante es, además, que los comercios familiares y de proximidad han continuado su caída, siendo las pequeñas cadenas las que mayores descensos en las ventas registraron (-11%).

El parón que se ha producido a lo largo del pasado año en el consumo, unido a la caída de la actividad y a la subida del IVA ha desencadenado que 2012 se convierta en uno de los años más complicados para el comercio desde que se inició la crisis.

En otro orden de cosas los autónomos nos hemos visto afectados directamente por la entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales, pues tendremos que pensar dos veces a la hora de reclamar judicialmente las deudas a las administraciones públicas, los efectos de comercio impagados o simplemente a los clientes que no cumplen con la Ley de morosidad.

En virtud de esta reforma, los usuarios españoles de la Justicia pagarán el 10 por ciento de lo que cuesta ésta, mientras que el 90 por ciento restante lo van a pagar los contribuyentes “sean o no usuarios del servicio de la Justicia”, cuando la administración de Justicia no es un servicio como el de alumbrado público, la recogida de basuras o el alcantarillado, por ejemplo, sino un poder del estado y un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva, que en virtud de estas tasas se ve lamentablemente cercenado.

Además, durante 2012 se puso en marcha una “amnistía fiscal” que, a todas luces, es un agravio para los contribuyentes que pagan sus impuestos que no ha conseguido los esfuerzos perseguidos, pues se ha recaudado menos de la mitad de lo previsto, ha sentado un mal precedente y va claramente en contra del principio de igualdad y de progresividad, que son los que deben regir el sistema tributario según el artículo 31 de la Constitución.

No solo se condonan las sanciones, sino que se da un trato fiscal mucho más beneficioso al defraudador que al contribuyente, porque pagar un 10% (tipo fijado en la amnistía) está muy lejos del mínimo de la escala del IRPF.

Si “no cumplir” con las obligaciones fiscales es grave en sí mismo, en esta situación de crisis lo es especialmente. En un momento en que se están subiendo impuestos que afectan a las clases medias y bajas porque el Estado necesita recursos no hay una clara demostración de querer atajar el gran fraude.

Según la última encuesta del CIS el 88% de los españoles considera que los impuestos no se cobran con justicia, poniendo de manifiesto que la sensación de injusticia ha aumentado más de diez puntos en relación a 2007, cuando la proporción estaba en el 78,3% de los españoles.

Durante 2012 han faltado por acometerse medidas fundamentales como la puesta en marcha de la Ley de Emprendedores o el cambio del sistema de tributación del IVA, que hubieran ayudado de forma clave a frenar las bajas de autónomos.

Esto es simplemente un breve resumen de algunas de las actuaciones llevadas a cabo durante el pasado año, que a la vista de sus resultados esperamos sirvan no solo para no reincidir, sino incluso para rectificar.