Por su interés reproducimos íntegramente la carta que recientemente nos fue remitida a la redacción de elkiosco.info por Elisabet Azcárate, gerente de la Federación de Comercios de Navarra, en representación de la Federación de Comercios de Navarra, la Asociación de Vendedores de Prensa y Revistas y la Asociación de Libreros de Navarra.

«La pasada primavera el Parlamento de Navarra impulsó por unanimidad la Ley Foral 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura del Libro y de la Biblioteca. Una norma que tenía por objeto fundamental la gratuidad de los libros de texto escolares para las familias navarras. Un fin que todos compartimos, en la medida que supone aliviar un coste familiar muy importante y gravoso para todos aquellos hogares con hijos en edad escolar.

La buena intención de esta ley, redactada con sus luces y sus sombras —pero positiva en última instancia—, se ha desvirtuado totalmente una vez que el Departamento de Educación ha ultimado el reglamento que se aprobó el pasado 11 de agosto.

La ley preveía que fueran las familias las que adquirieran los libros mediante un bono-cheque en aquellos puntos de venta que estimaran oportunos. Sin embargo, un dictamen no vinculante del Consejo Escolar de Navarra, asumido por el Departamento de Educación, modificó totalmente el mecanismo original y abrió la puerta a que los centros escolares compraran los libros y los distribuyeran entre los alumnos.

Un movimiento que se produjo veinte días después de que el Parlamento aprobara por unanimidad una moción de NaBai que instaba al Gobierno a que “el desarrollo reglamentario incorporara fórmulas al objeto de que la adquisición de los materiales se realice en el gremio de libreros de nuestra comunidad”. Más aún, en la misma sesión los grupos políticos rechazaron una moción de IU para que la ley recogiera la gestión directa de los libros por parte de los colegios. Precisamente, lo que el reglamento finalmente ha contemplado.

La Asociación de Vendedores de Prensa y Revistas, la Asociación de Libreros y la Federación de Comercios han alertado al Parlamento, al Defensor del Pueblo y al propio consejero de Educación que abrir esa puerta suponía desvirtuar el espíritu de la ley, ya que cede a los centros la propiedad de los libros en lugar de que pertenezcan a la Administración educativa. Sin embargo, nada se ha movido. Así, el 70% de los centros ya se han preparado para adquirir directamente los libros y gestionarlos ellos. ¿Qué supone esto? Primero: relegar a las familias a un papel secundario e impedir que sean ellas las beneficiarias directas de las ayudas. Segundo: Un negocio redondo para los centros. Tercero: Un desastre para las librerías.

En la práctica las ayudas no las recibirán las familias, sino el propio centro que es, no sólo el propietario de los libros adquiridos, sino que además establece la forma de pago y los contratos (bonos) de adquisición. El papel del beneficiario de las ayudas desaparece. Además el reglamento prevé que el centro pueda derivar dinero hacia material complementario que elaboren ellos mismos (fotocopias, cuadernillos…).

Por si fuera poco, la ley tiene un efecto perverso y demoledor contra el sector de los libreros. Los centros al ser receptores directos de las ayudas ven en esta ley una vía de financiación. Así, nos consta que la mayoría de los centros están negociando directamente con las editoriales la compra de libros. Al eliminar un intermediario, las editoriales pueden ofrecer precios en los que ganan ellos y ganan también los centros. La Administración acaba primando que las editoriales se dirijan a la venta a detalle saltando toda regla de transparencia y competencia de los mercados.

Por su parte, los centros se convierten en empresas de distribución que  formalizan ante la Administración facturas de compra–venta sin saber qué cumplimiento legal existe en cada centro de las normas legales relativas a la empresa.

En resumen, una ley pensada para beneficiar a las familias acaba convirtiéndose en una ley que trata a las familias como sujetos pasivos, sin capacidad de decisión o elección, y que abre una vía de financiación para que los centros escolares se transformen en empresas comerciales que gestionan dinero público sin costes empresariales. Una labor que realizan a costa de poner en grave riesgo la supervivencia de más de 200 establecimientos cuyo principal ingreso anual proviene de la venta de libros de texto. Ya de paso, que vayan pensando en darse de alta con licencia económica para que cuando las librerías cierren puedan vender libros de lectura, cuadernos, bolígrafos, periódicos…

La situación es tan absurda como pensar que los centros de salud obtengan ingresos extraordinarios a través de la dispensa directa de medicamentos suministrados por los laboratorios, al margen de las farmacias. Si en un breve plazo los legisladores no reaccionan y evitan una distorsión evidente de la ley por intereses en nada relacionados con las familias o con la cultura, tendremos que acudir a los tribunales. Ante tamaño disparate, único en todas las legislaciones autonómicas, no nos dejan otra salida.