El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró el mes de junio con 3.409.563 afiliados, marcando el mejor dato en un mes de junio desde 2019, según el último informe de evolución semestral de afiliación realizado por UPTA. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 0,65% con 22.003 nuevos afiliados respecto a junio de 2024. Con respecto a mayo se han perdido 8.084 afiliados, reflejo de los ajustes estacionales.

En junio la hostelería fue el sector que más empleo autónomo generó (+1.530), mientras que Comercio (-3.874) y Educación (-3.655) lideraron las caídas. En cuanto al resto de sectores, Agricultura y ganadería (254.931, pierde 57 activos, la Industria manufacturera (201.085) pierde 247, Construcción (418.960) gana 525 y las Actividades Sanitarias suman 454 activos este mes.

El comercio sigue siendo el sector más perjudicado; como ejemplo, desde septiembre de 2023, hasta septiembre de 2024, se perdieron 10.987 pequeños comercios a nivel estatal, en una línea ascendente con relación a fechas anteriores a la pandemia.

No obstante, es fundamental prestar atención a un aspecto de especial importancia: la significativa pérdida de comercios, que en junio pasado alcanzó un promedio de 192 cierres diarios.

Detrás de este declive está la ausencia del relevo generacional, además de un cambio en los hábitos de consumo que se inició hace dos décadas, pero el lastre en los comercios está también en los excesos regulatorios y el ascenso de tributaciones y cotizaciones, que se han convertido en un freno para el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

La normativa de obligado cumplimiento se ha disparado un 1.000% en los últimos tres lustros, lo que ha impactado muy negativamente en el comercio en nuestro país, que solo en 2024 sufrió la aprobación de 3,4 normas al día, por lo que actualmente abrir un comercio obliga a tener que cumplir con 3.000 normas entre las europeas, nacionales, las de las comunidades autónomas, las municipales….

El comercio suma y sigue su tendencia destructiva, pero las administraciones continúan impasibles ante la desvertebración del comercio tradicional en nuestro país y continúan sin tomarse medidas claras y determinantes, que frenen la pérdida de miles de establecimientos del comercio minorista.