La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció recientemente en el Senado que el Gobierno está estudiando con los representantes de los autónomos medidas dirigidas a paliar o eliminar los efectos negativos del impago de las deudas de Seguridad Social, así como para evitar la ejecución de los bienes inmuebles que constituyen la vivienda habitual.

Durante su intervención en la sesión de control en el Senado, Báñez avanzó que entre estas medidas figura la concesión de aplazamientos para el pago de las deudas de la Seguridad Social durante un período más dilatado, de hasta cinco años para los casos más extremos, ofreciendo unas condiciones de amortización flexibles, así como ampliar de uno a dos años el plazo de subasta desde la primera diligencia de embargo hasta la realización material de la subasta.

Recordó que el Estatuto del trabajador autónomo establece que la vivienda habitual no es bien embargable si existen otros bienes suficientes para satisfacer la garantía e indicó que existen situaciones excepcionales que tienen que tener la atención del Gobierno.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ya había emplazado al Gobierno a tener presentes las situaciones particulares de miles de autónomos al borde del embargo por las deudas de la Administración antes de que se aprobara la nueva norma sobre los desahucios.

Concretamente, había demandado el cese de los desahucios de viviendas y locales, con los que estos trabajadores responden ante sus deudas, cuando a su vez cuenten con facturas impagadas por parte de la Administración.