Las esperanzas depositadas por las asociaciones representativas de trabajadores autónomos en lo que iba a ser el nuevo Estatuto que ha de reglamentar la vida de este importantísimo colectivo —auténtico sostén de la economía nacional—, parecen diluirse con las declaraciones de representantes cualificados del Gobierno.
El rechazo del titular del Ministerio de Trabajo, en concreto, de conceder un seguro similar al que protege del desempleo a los trabajadores por cuenta ajena, ha sido un auténtico jarro de agua fría ya que incluso contradice lo establecido por la Comisión de Expertos y las declaraciones, entre otros, del propio director general de Economía Social y el Trabajador Autónomo que, curiosamente, depende políticamente del sr. Jesús Caldera.
En un principio se barajaron dos posibilidades para los trabajadores autónomos. Una, sería una suerte de seguro privado incentivado fiscalmente; el otro, un sistema público sujeto a cotización, que era por el que se inclinaban tanto la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), las dos grandes asociaciones representativas.
El anteproyecto del Gobierno, sin embargo, desoyendo tanto las voces de su propio Ministerio, las consideraciones de la Comisión de Expertos —que establecía, aparte de la creación de un seguro de paro, límites a la responsabilidad del trabajador ante sus deudas, protegía a los autónomos «dependientes» de empresas, y proponía la creación de un nuevo órgano consultivo, denominado Consejo Estatal del Trabajo Autónomo— y el clamor del sector, ha echado marcha atrás y, en principio, no sólo no habrá protección de tipo alguno para los trabajadores autónomos, sino que éstos seguirán respondiendo con su patrimonio personal, cosa que no sucede, por ejemplo, a los grandes empresarios.
En declaraciones a los medios de comunicación, el sr. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha rechazado cualquier Estatuto a la baja: «No vamos a aceptar un Estatuto del Trabajador Autónomo descafeinado. El Gobierno no puede estar por debajo de lo que la Comisión de Expertos dictaminó» y apuntó la urgencia de recurrir «a los grupos parlamentarios para que el Estatuto del Trabajador Autónomo quede como lo propuso la Comisión de Expertos».
No está de más recordar aquí, que el sr. Jesús Caldera, en su día, calificó el dictamen de dicha Comisión de «base sólida»… Lo que se dice todo un monumento a la «amnesia política» o, si el/la internauta lo prefiere, a la «memoria selectiva». Sea como fuere, lo cierto es que el conflicto está servido y, en esta ocasión, el Gobierno ha decidido echar el pulso nada más y nada menos que a tres millones de españoles.