El decreto autonómico que desarrolla la llamada «Ley antitabaco» no va a tardar en tropezarse con los primeros escollos. La ministra Elena Salgado ya ha enviado un requerimiento a la Conselleria de Sanitat puesto que considera que dicho ordenamiento rebaja ostensiblemente el techo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo.
La ministra Salgado ha anunciado que no se quedará en el requerimiento y que, si en el plazo de un mes la Generalitat Valenciana no mueve ficha a través de las pertinentes modificaciones legales, su Ministerio recurrirá el Decreto de la Generalitat 57/2006, aprobado el pasado 21 de abril.
Otro requerimiento, de similares características, ha sido remitido a la Comunidad de Madrid, ya que la ministra considera que el gobierno autonómico madrileño, al igual que el valenciano ?ambos gobernados por el PP?, suavizan en demasía la «Ley antitabaco».
La ofensiva contra la «Ley antitabaco» valenciana, sin embargo, no acaba aquí. Varios son los medios informativos se han hecho eco del anuncio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de presentar, en breve, un recurso contencioso-administrativo contra el citado Decreto 57/2006 que, según dicha organización, «invade ámbitos» regulados por la Ley 28/2005 o, lo que es lo mismo, «implica la vulneración de la jerarquía normativa o exceso reglamentario y obstrucción a los fines de la ley antitabaco».
Los responsables de la OCU consideran que la vulneración se produce en la interpretación de la separación que debe existir en locales entre fumadores y no-fumadores y las barreras que deben existir entre ambos; la medición de dichos locales ?distinta en ambos ordenamientos legales?, y en el dispar régimen de sanciones.
La OCU también ha llamado la atención sobre un, a su juicio, «importante asunto por solventar». La citada asociación de consumidores entiende que el gobierno de Rodríguez Zapatero, al autorizar a los quioscos a poder vender tabaco a través de máquinas expendedoras, cometió un error. «A dos meses de entrar en vigor, el Gobierno permite que los quioscos vendan tabaco. A la reivindicación de los quioscos les pueden seguir las pequeñas tiendas, las gasolineras y otros establecimientos».