Los vendedores de prensa estamos sufriendo desde el primer día del año —incluso antes— un auténtico calvario.
Todo empezó con la Ley 28/2005, de 26 de diciembre de 2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, conocida como «Ley antitabaco», que impedía a los quiosqueros la venta de tabaco desde el 1 de enero. El nuevo ordenamiento legal, a todas luces injusto y discriminatorio, provocó la indignación y las movilizaciones del sector que tuvieron su punto más caliente el pasado 30 de enero.
Afortunadamente y después de cuarenta días en el que muchos profesionales contemplaron incluso la posibilidad del cierre de sus negocios a corto plazo, el Gobierno tuvo a bien desoír a los fundamentalistas del antitabaquismo y rectificar. El Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, en efecto, no nos ponía en la situación anterior, en la que los quiosqueros vendíamos tabaco en mano con las pertinentes autorizaciones —y el pago de las tasas correspondientes, que a nadie se le olvide— del Comisionado del Mercado de Tabaco, pero al menos daba a los profesionales de la venta de prensa la posibilidad de instalar máquinas expendedoras. El golpe ya estaba dado, las pérdidas de esos cuarenta días habían sido cuantiosas, pero al menos el Gobierno tuvo a bien procurarnos betadine, tiritas y esperanza.
Sin embargo, la alegría no duró mucho. Sólo horas. Las suficientes como para que, disipada la ilusión de los primeros instantes, cayéramos en la cuenta de que la redacción del citado Real Decreto-Ley era lo suficientemente ambigua —por no decir sintácticamente pésima— para que desatase los primeros recelos. De tal forma, que el 16 de febrero la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Valencia y Provincia (APVPVP) emitió una circular en la que, pese a que no abandonábamos la lectura «en positivo» del Real Decreto-Ley, hacíamos un llamamiento a la prudencia y recomendamos a los asociados cuyos negocios están situados en bajos de edificios no instalar, de momento, máquinas expendedoras para evitar posibles sanciones.
¿Tenían fundamento estos recelos o, por el contrario, obedecían a un injustificado clima de histeria? Lamentablemente, lo que parecía una rectificación gubernamental se había convertido en una trampa. La duda que teníamos —y tenemos— es si esa trampa es fruto de la impericia o se trata de una argucia premeditada. En cualquier caso, no era ésta una preocupación única y exclusiva de los quiosqueros, sino que la cuestión saltó al Parlamento. Así, en la sesión de convalidación parlamentaria del Real Decreto-Ley, celebrada el pasado 23 de febrero, el diputado Sánchez Llibre, de CiU, manifestó que «en el sector de los quioscos de venta de prensa existe una cierta preocupación. Ahora, a través de este real decreto, se les ha posibilitado la instalación de máquinas expendedoras de tabaco, y nosotros, recogiendo la preocupación del sector, pensamos que quizá la definición del real decreto no deja suficientemente claro cuál es la definición de lo que podríamos denominar quiosco» (las negritas son nuestras). Y, más adelante, el mismo diputado pide al Gobierno que «aclare cuáles son los quioscos o los puntos de venta a los que se les va ha posibilitar la habilitación para instalar máquinas de venta de tabaco» (las negritas vuelven a ser nuestras). La respuesta gubernamental se marchó, inexplicablemente, por los cerros de Úbeda. A primeros de este mes, el diputado y portavoz adjunto de la Comisión de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, pidió explicaciones al Gobierno para «evitar la incertidumbre» con respecto a la venta de tabaco como consecuencia de la confusa redacción del Real Decreto-Ley. Y la respuesta fue un nuevo chapoteo en la charca de la indefinición.
Sin embargo, esta abracadabrante situación la ha roto —para bien o para mal, que eso ya se verá— Felipe Sivit Gañán, presidente del Comisionado del Mercado de Tabaco, en un escrito con fecha 8 de marzo y en contestación a la consulta que el abogado de CONADIPE (confederación a la que pertenece la APVPVP), Francisco Javier Ramas Ramírez, elevó a dicho organismo, con fecha del 20 del pasado más de febrero.
En su respuesta, el sr. Sivit Galán dice, entre otras cosas:
«El artículo 4b) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, convalidado por la Resolución de 23 de febrero de 2006, del Congreso de los Diputados, hace una referencia expresa a los quioscos de prensa, pero únicamente cita a los que ocupan la vía pública: establece que las máquinas expendedoras “sólo podrán ubicarse en el interior de quioscos de prensa situados en la vía pública”. En consecuencia debe interpretarse que quedan excluidos de esta referencia expresa otro tipo de establecimientos comerciales dedicados a la misma actividad pero situados en locales pertenecientes a un inmueble.
Continúa el mismo artículo: “o en el interior de locales, centros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar”. Si en virtud del artículo 7 del mismo texto legal está prohibido fumar en centros de trabajo (apartado a)) y en zonas destinadas a la atención directa al pública (apartado f)), debe concluirse que no podría autorizarse la venta de productos de tabaco en un establecimiento de las características descritas.» (las negritas, en este caso, no son de nuestra cosecha).
Como quiera que el Comisionado del Mercado de Tabaco depende directamente del Ministerio de Economía y Hacienda y ante la pasividad del Gobierno, ¿debemos entender que el sr. Sivit Galán hace una lectura restrictiva y personalísima del Real Decreto-Ley o, por el contrario, está asumiendo la portavocía del poder ejecutivo en todo este embrollo?
Los quiosqueros valencianos y todos los quiosqueros que, de punta a punta del país, vendimos sin problemas tabaco hasta la noche de San Silvestre del pasado año, hemos agotado nuestros depósitos de paciencia. Hemos demostrado hasta aquí una capacidad de de diálogo sin precedentes. Hemos considerado que el espíritu de la «Ley antitabaco» no sólo no era malo, sino que no hemos tenido reparo alguno en aplaudirlo. Hemos hecho caso omiso a todas aquellas provocaciones que pretendían que el sector de la venta de prensa entrara en una guerra absurda con estanqueros, y bares y restaurantes, que salían claramente beneficiados. Hemos guardado prudente silencio ante todo tipo de mentiras y estupideces por parte de los fundamentalistas del antitabaquismo, que se han atrevido incluso a presentarnos ante la opinión pública poco menos que como narcotraficantes tolerados. Hemos asumido estoicamente pérdidas de ingresos y, lo que es más grave, de clientela. Y ahora, para colmo, nos han metido en un laberinto jurídico… Todo, sin embargo, tiene un límite y el sector que represento no puede esperar más. Necesita y exige una respuesta urgente y diáfana por parte del Gobierno. Una respuesta que no puede ser de viva voz —estamos hartos de palabrería que el viento se lleva— sino que, a estas alturas del conflicto, la queremos ver en forma de letra impresa en las páginas del «BOE». Y mientras eso llega, el próximo martes, día 28, de 10.30 a 12 horas, los quiosqueros valencianos han sido llamados, nuevamente, al cierre de sus negocios y a una concentración ante la sede del Delegación del Gobierno.

Ana Valle Moya [Presidenta]