Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística el año 2011 se inició con un 99,88% de empresas que contaban entre 0 y 249 trabajadores y solamente un 0,12% de empresas que superaban los 250 empleados.

Dicho esto, queda patente que la capacidad de generación de empleo de los autónomos es innata.

Lo que los autónomos demandamos es ese impulso que nos consolide como “motores de empleo”, incentivos que inyecten liquidez a los bolsillos del colectivo para continuar en el camino que contrarreste las dramáticas cifras de paro que mes a mes vamos conociendo.

Según estudios realizados, sólo dos de cada diez autónomos tienen previsto contratar este año, por lo que se puede decir que el “contrato indefinido del emprendedor” que se contempla en la reciente reforma laboral, sólo beneficiará a 750.000 empresarios que cumplen con los requisitos establecidos para beneficiarse con 3.000 euros de deducción fiscal (tener menos de 50 trabajadores y contratar a su primer trabajador menor de 30 años). Sólo el 20% del colectivo autónomo se beneficiará de esta medida.

Para beneficiar al 80% restante la Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) propone que los 3.000 euros de deducción fiscal sean efectivos, de manera que aporten liquidez en sus bolsillos, lo que pondrá en marcha la contratación laboral.

Por otro lado, hay tres lacras que merman la productividad de los autónomos: la morosidad, la falta de financiación y la competencia desleal. La Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores trasladó varias propuestas al Gobierno y a los distintos partidos políticos para que las incluya en la Ley del Emprendedor. Se trata de un conjunto de reformas, cuyo objetivo principal es disminuir los casos de negocios que han tenido que cerrar, como los 1.500 autónomos que se dieron de baja durante 2011.

La Ley del Emprendedor contemplará, según se prevé, medidas como el retraso en el pago del I.V.A. hasta el cobro de las facturas sólo con la Administración, la apertura del crédito con menos trámites burocráticos, la regularización de la competencia desleal, o el pago de tributaciones por módulos, entre otras.

Continuamos estando atentos.