Valencia, 29 de noviembre de 2016.

Abordar la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es una de las cuestiones que el Pacto de Toledo tiene sobre la mesa.

El Gobierno quiere que los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluyan medidas consensuadas en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, que la próxima semana inicia una serie de comparecencias para analizar la situación del sistema público de pensiones y, a partir de ellas, elaborará nuevas recomendaciones que garanticen su viabilidad en el futuro.

El próximo día 13 de Diciembre la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), tendrá la oportunidad de participar en una de las comisiones de seguimiento que se han creado para llevar a cabo esta reforma.

Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han confirmado que esperan que los partidos puedan acordar algunas de estas medidas en febrero o marzo -los grupos habían establecido un calendario con el horizonte puesto en primavera para emitir nuevas recomendaciones- y así poder plasmarlas en las cuentas del próximo año.

 

Este es el documento, que transcribimos literalmente, que en origen servirá para la mencionada intervención:

 

“BASES DE LA REFORMA PENDIENTE EN EL SISTEMA DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

 

INTRODUCCIÓN. Desde diversos ámbitos políticos se viene anunciando la necesidad de abordar una modificación en profundidad del modelo de cotización a la Seguridad Social actualmente vigente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por Cuenta Propia, más conocido como RETA.

 

Esta es también una reclamación histórica de las organizaciones sindicales, una reflexión exigida desde las Asociaciones representativas de Profesionales Autónomos y con menor intensidad desde algunas organizaciones empresariales.

 

Desde sus orígenes el Pacto de Toledo aboga por una “homologación en cotizaciones y prestaciones entre los diferentes Regímenes” y en particular la integración de estos en dos grandes grupos, según la relación sea por cuenta ajena o por cuenta propia.

 

Sin duda se ha avanzado en el ámbito de las prestaciones. La posibilidad de cubrir las contingencias profesionales, el reconocimiento de las prestaciones por maternidad o paternidad y la posibilidad de jubilación anticipada dos años antes de la legal, son buen ejemplo de ello.

 

En cuanto al objetivo de integración de regímenes se ha avanzado en la creación del Servicio Especial Agrario dentro del RETA, aunque en unas condiciones bien diferenciadas. Sin embargo poco se ha profundizado en el modelo de cotización.

 

Algunos pasos algo indecisos en esta materia han sido los siguientes:

 

Aplicación de una base mínima cualificada para los denominados autónomos societarios o administradores de sociedades, así como para aquellos autónomos que cuentan con más de diez trabajadores bajo su dependencia. El legislador ha decidido esta medida más por la intuición de que este segmento debe estar en el tramo más alto de renta que realmente por la certidumbre empírica de este hecho.

 

En todo caso la medida demuestra el escaso acierto de la misma, ya que distribuye al colectivo no por su renta sino por su condición, lo que está claramente en contradicción con el principio solidario.

 

El acceso a las nuevas prestaciones se articula a través de modelos de cotización voluntaria (AT y EP, CATA, etc…) y siguen sin establecerse algunas tan importantes como la de Formación Profesional. Todo ellos contradice el principio de universalidad del sistema.

 

Se han modificado las edades a partir de las cuales se limitan las posibilidades de cambios en las bases de cotización de acuerdo con los nuevos plazos de cálculo de la base reguladora y edad de jubilación, con ello se continúa intentando evitar la denominada “compra de pensión”. El que se tengan que seguir tomando medidas en este sentido demuestra la deficiente regulación del conjunto del sistema que en ningún caso responde al principio contributivo.

 

Aunque la Ley de Reforma de las Pensiones de 2011 estableció la cotización a tiempo parcial, las diversas Leyes de Presupuestos han ido retrasando la aplicación efectiva de esta medida.

 

Se han articulado medidas que intentan limitar el esfuerzo de cotización de los autónomos en pluriactividad o que cotizan al tiempo en más de un Régimen de Seguridad Social, así como para los autónomos colaboradores, y para otros colectivos que por su naturaleza tienen carácter parcial, pero estas medidas no son más que pequeñas vendas que intentan ocultar las verdaderas heridas que sufre el sistema.

 

Así pues podemos afirmar que, al menos en materia de cotización, el RETA no responde a los principios básicos inspiradores del sistema que son los de contribución, universalidad y solidaridad.

 

Como bien es sabido el modelo responde más bien al principio de voluntariedad y selección de pago, lo que permite al contribuyente hacer un traje a medida de su aportación de acuerdo a su interés de regular el esfuerzo financiero.

 

Pero este principio de voluntariedad se revuelve contra los segmentos más débiles del colectivo que se ven obligados a pagar sobre bases de Cotización superiores a las del Régimen General, por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del IPREM, y todo ello por conseguir una recaudación sobre las espaldas más débiles económicamente para compensar la escasa recaudación en los niveles de renta superiores que pueden planificar su contribución y lo hacen muy por debajo de sus rendimientos reales, permitiéndoles de esta manera trasladar esos recursos a sistemas de ahorro privado y acumulación patrimonial.

 

Los datos a este respecto son muy claros, de los 3.211.244 autónomos que cotizan en el Régimen especial 2.145.872 lo realizan en la base mínima 272€ ,722.424 lo hacen cotizando una vez y media por encima, unos 408€ y el restante número de autónomos más de 350.000 lo hacen en bases superiores.

 

Es por lo tanto un sistema injusto, que hace que más de dos millones de autónomos tengan una presión de cotización alta frente a otro millón que ha visto suavizada esta presión desde hace años.

 

Ante esta evidencia hace tiempo que algunos Gobiernos, tanto de la Administración General del Estado, como de las CCAA, han venido desarrollando políticas dirigidas a compensar el alto coste de entrada en el sistema sobre todo para los más jóvenes.

 

Estas políticas se han basado en la regulación de determinados modelos de bonificación de las cuotas a la Seguridad Social a través de las Políticas Activas de Empleo y en buena parte cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Esta tendencia se ha consolidado con la actualmente denominada tarifa plana.

 

Si bien estas bonificaciones han determinado una mejor predisposición de desempleados y demandantes de empleo para abordar una actividad por cuenta propia, su propia existencia demuestra la necesidad de modificaciones estructurales y no de simple parches.

 

Por otra parte la propia bonificación puede producir claros desequilibrios, ya que la edad, el sexo o el tiempo de existencia de una actividad no implican necesariamente unos menores ingresos, por lo que autónomos tradicionales con escasos recursos pueden estar pagando por este concepto mucho más que nuevos autónomos que acceden a la actividad.

 

Estas políticas, sin duda bienintencionadas, no hacen más que aumentar la brecha ya existente, puesto que están dirigidas a producir nuevos autónomos, no a intentar mantener el actual tejido de trabajo por cuenta propia.

 

Por lo tanto parece ya llegado el momento de modificar el sistema, pero teniendo en cuenta los años de retraso no es aconsejable tomar ahora medias demasiado prematuras que pudieran distorsionar la situación del colectivo y hacerlo de forma transitoria. En todo caso estas medidas deben tener en cuenta los siguientes principios:

 

CONTRIBUTIVA. El principio debe ser que aquel que más tiene contribuya más, pero en ningún caso debe hacerse en base a supuestos poco demostrables, sino a través de un sistema totalmente seguro, por lo que con carácter previo debe analizarse la distribución de rentas del colectivo con suficiente seguridad. JUSTA. Ningún autónomo debe pagar por encima de sus ingresos reales y se debe proporcionar el esfuerzo de aquellos que se encuentran sobrepasando el límite de una presión contributiva razonable.

 

JUSTA. Ningún autónomo debe pagar por encima de sus ingresos reales y se debe proporcionar el esfuerzo de aquellos que se encuentran sobrepasando el límite de una presión contributiva razonable.

 

UNIVERSAL. Que se establece en tres aspectos:

a) Debe vincular a todos los colectivos, incluidos los del Régimen Agrario y del Mar que, aunque mantengan todavía diferencias, estas no pueden ser tan insalvables como las actuales. En este sentido también debería revisarse el equilibrio con respecto a las Mutualidades alternativas.

b) Deben evitarse sistemas voluntarios de cotización. Estos han demostrado su ineficacia ya que producen una selección negativa del riesgo y la participación ha sido muy escasa.

c) Un cambio en el modelo de cotización debe implicar también cerrar definitivamente la brecha de prestaciones con otros regímenes, como todavía se puede comprobar en materia de jubilación anticipada, parcial, flexible, accidentes de trabajo, etc.

 

TRANSITORIA, PRUDENTE, EFICIENTE Y EQUILIBRADA. La reforma debe permitir integrar a más personas en el sistema y no que su consecuencia sea una huida del mismo. Es una respuesta a la “economia sumergida” no un incentivo de la misma.

 

Debe articularse en plazos transitorios suficientes para que no produzca resultados indeseados o modifique las condiciones efectivas en las que se ejerce la actividad.

 

En ningún caso puede representar una disminución de la recaudación a medio plazo y tiene que estar basada en un objetivo de déficit cero, teniendo en cuenta que este objetivo está relacionado con el número de contribuyentes y con su capacidad real de renta, por lo que no sólo se trata de hacer un simple análisis matemático o actuarial, sino de abordar un conjunto de medidas que promocionen el emprendimiento, aseguren el relevo generacional y mejore las condiciones de vida y renta de los autónomos españoles.

 

BASES DE LA REFORMA.

 

Objetivos:

 

-Cotización progresiva de acuerdo a los ingresos reales, estableciendo unas bases diferenciadas de acuerdo a los tramos de ingresos.

 

-Establecer un mínimo exento de obligación de pago hasta que se supere dicho umbral. En este supuesto habría de establecerse un sistema de registro que permita el seguimiento por parte de las administraciones competentes.

 

-Articular un referente de ingresos de acuerdo a los efectivos del ejercicio anterior o los estimados en el primer ejercicio.

 

-Avanzar en la armonización con el Sistema Especial Agrario y el Régimen Especial del Mar.

 

-Revisar los conceptos de cotización voluntaria.

 

-Analizar las opciones en los demás supuestos no cotizables en la actualidad, como por la Formación Profesional.

 

La primera de las propuestas exige de un análisis económico, estadístico y metodológico que permita articular la interrelación entre la declaración de los rendimientos económicos en el IRPF y la nueva cotización a la Seguridad Social.

 

Por el momento la información publicada por la Agencia Tributaria no es suficientemente explícita a este respecto y ofrece aparentes contradicciones que habrá que aclarar para un estudio en mayor profundidad.

 

Así mismo los últimos datos publicados fueron de 2014, mientras que los de la Seguridad Social son al último mes del año en curso.

 

Podemos destacar los siguientes datos conocidos publicados por la Agencia Tributaria correspondientes al año 2014.

 

Contamos con 3.051.000 declarantes del IRPF en Rendimientos por Actividad Económica.

 

De entre ellos 70.000 declaran además de por su régimen general también por otro, como el de la actividad agrícola.

 

Por lo que el número de declaraciones asciende a 3.121.000.

 

Del conjunto, 1.616.859 corresponden al régimen conocido como de Estimación Directa (ED).

 

458.315 corresponden al Sistema objetivo o por módulos fuera del sector agrario (ONA) y 926.152 están en Objetiva Agraria (OA).

 

A los efectos del tema que aquí se analiza interesa en exclusiva la media de declaración de los dos primero regímenes (ED y ONA).

 

El colectivo por lo tanto sobre el que vamos a trabajar es de 2.074.000 correspondientes a ED y ONA.

 

Si analizamos los tramos más bajos de declaración vemos que 590.073 declarantes lo hacen por debajo de 6.000 euros de rendimiento neto reducido, si sumamos ED (Agrario y no agrario), así como Objetiva (Agrario y no agrario.)

 

Si por el contrario analizamos los tramos más altos nos encontramos con que son 133.710 los que hacen declaraciones de rendimientos netos positivos ya reducidos superiores a los 60.000 €.

 

De entre ellos:

• 114.791 corresponden a ED.

• 2.986 a ONA.

• 12.963 a ED agraria

• Y 2.970 a Objetiva Agraria.

 

En términos aproximados y globales contamos con casi 600.000 declarantes por debajo de los 6.000 € anuales y 135.000 por encima de los 60.000, siempre en términos de rendimientos netos reducidos.

 

Si tenemos en cuenta que los rendimientos íntegros pueden ser un 30% superiores y que el efecto de la reducción es de un 10%, podemos considerar aplicar un 40% a estas declaraciones, de tal forma que consideremos que las declaraciones de 6.000 € anuales corresponden a rendimiento íntegros de 9.000 y los de 60.000 a 90.000 íntegros.

 

La propuesta sería:

No aplicar cotización a la Seguridad Social a los declarantes que estén por debajo de 9.000 euros de ingresos íntegros anuales totales (en el umbral del Salario Mínimo Interprofesional) y cualificar la base de cotización a aquellos que estén por encima de los 90.000 euros anules.

Pendientes de un análisis más completo y sobre bases reales podemos considerar que nuestra propuesta puede implicar que estarían sujetos a cotización pero exentos sobre 500.000 personas, que buena parte de ellos en la actualidad no cotiza y ni siquiera están sujetos a cotización, y aumentaría la base de cotización de forma cualitativa a 130.000.

 

El resto, en el entorno de 2.500.000 mantendría el sistema actual o bien otro basado en una media de cotización por tramos.

 

LA PROPUESTA DEL MÍNIMO EXENTO.

INCLUIR EN LA NORMA LO YA CONSOLIDADO EN LA JURISPRUDENCIA.

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A DARSE DE ALTA?

 

Este sigue siendo un tema controvertido. Aunque en principio la definición de la Ley es en apariencia muy clara, sin embargo no lo es tanto la aplicación en la práctica, más aun cuando están cambiando tanto los sistemas de trabajo y los modelos de acción económica.

 

El concepto de trabajador por cuenta propia o autónomo a efectos de su inclusión en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA), en el artículo 1.1 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, indica lo siguiente:

 

“A los efectos de este Régimen Especial, se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo, aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”.

 

La habitualidad: un concepto jurídico indeterminado.

 

La habitualidad es un concepto jurídico indeterminado que no se concreta por el legislador. Únicamente encontramos tres referencias normativas sobre la habitualidad:

– En el artículo 1.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, al referirse a la habitualidad en el trabajo de temporada e identificándola con la duración normal de la campaña

– En segundo lugar, en el artículo 1.3 del Decreto 2530/1970, donde se presume la concurrencia de habitualidad cuando se ejerce la actividad con un establecimiento abierto al público

– En tercer lugar, en el artículo 1.2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970, que desarrolla el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos, donde para los casos de incapacidad temporal, se entiende que persiste la habitualidad, pese a no trabajarse, hasta el último día del segundo mes natural siguiente a aquel en que se inicia el proceso de incapacidad temporal.

 

La “habitualidad” en la doctrina judicial:

 

Al no definirse esa nota esencial por el legislador, para determinar su alcance hemos de acudir a la doctrina judicial. En virtud de una interpretación gramatical puede decirse que habitualidad implica cierta periodicidad en el ejercicio de la actividad, ya que según el diccionario de la Real Academia habitual es aquello que se hace con continuidad.

 

– Conexión con la profesionalidad.

Con carácter general la doctrina judicial y científica entienden la “habitualidad”, no tanto como mera periodicidad, sino en el sentido de que el trabajo personal y directo debe ser cotidianamente la principal actividad productiva que desempeñe el trabajador, conectando la habitualidad con la profesionalidad, en este sentido se pronuncia la STS de 2 de diciembre de 1988, Sala de lo contencioso Administrativo. En definitiva la doctrina judicial identifica la nota de la “habitualidad”, con la nota de profesionalidad, como actividad continuada, sin precisarse que sea el medio fundamental de vida (sentencia del Tribunal supremo Sala Social, de 29.10.1997).

 

Como ha señalado la jurisprudencia contencioso-administrativa (STS 21- 12-1987 y 2-12-1988) la habitualidad hace referencia a una práctica de la actividad profesional desarrollada no esporádicamente sino con una cierta frecuencia o continuidad. A la hora de precisar este factor de frecuencia o continuidad puede parecer más exacto en principio recurrir a módulos temporales que a módulos retributivos, pero las dificultades virtualmente insuperables de concreción y de prueba de las unidades temporales determinantes de la habitualidad han inclinado a los órganos jurisdiccionales a aceptar también como indicio de habitualidad el montante de la retribución. Este recurso al criterio de la cuantía de la remuneración, que por razones obvias resulta de más fácil cómputo y verificación que el del tiempo de dedicación, es utilizable además, teniendo en cuenta el dato de experiencia de que en las actividades de los trabajadores autónomos o por cuenta propia el montante de la retribución guarda normalmente una correlación estrecha con el tiempo de trabajo invertido. Así ocurre en concreto, respecto de los subagentes de seguros, cuya retribución depende estrechamente del tiempo de trabajo dedicado a la formación, gestión y mantenimiento de la cartera de clientes. A la afirmación anterior debe añadirse que la superación del Umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad. Aunque se trate de una cifra prevista para la remuneración del trabajo asalariado, el legislador recurre a ella con gran frecuencia como umbral de renta o de actividad en diversos campos de la política social, y específicamente en materia de Seguridad Social, de suerte que en la actual situación legal resulta probablemente el criterio operativo más usual a efectos de medir rentas o actividades. La superación de esta cifra, que está fijada precisamente para la remuneración de una entera jornada ordinaria de trabajo, puede revelar también en su aplicación al trabajo por cuenta la existencia de una actividad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo además la ventaja, como indicador de habitualidad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable”.

 

Todo ello nos puede llevar a la conclusión de que si bien siempre existe obligación de alta en el censo fiscal para poder emitir y cobrar facturaciones por actividad económica, sin embargo este simple alta no conlleva necesariamente el alta en la Seguridad Social, sino tan solo en los casos en que la actividad tenga una vocación de habitualidad, excepto que esa actividad temporal conlleve una compensación superior al umbral del salario mínimo en términos anuales, algo más de nueve mil euros.”

 

El tiempo nos dirá… Lo que es indudable es que tenemos mucho en juego.