Desde un tiempo para acá, en la red de redes han aparecido foros de discusión y blogs —más recientemente— que han ayudado a dinamizar el contraste de pareceres en España. Tanto es así, que los profesionales del punto de venta no han perdido la oportunidad de estar ahí y, con mayor o menor pericia, despachar algún que otro malentendido y, en definitiva, coadyuvar a la defensa del sector.

No es muy amiga la redacción de elkiosco.info de entrar en alguna de esas tormentas ajenas, pero de vez en cuando no hemos hecho ascos a alguna opinión que nos parecía cargada de razón, y sazonada por el equilibrio y las buenas maneras, que siempre deben imperar.

En una página electrónica madrileña, justamente la que daba la noticia de la asociación de un centenar de quiosqueros de las poblaciones de Fuenlabrada y Móstoles —véase la información de elkiosco.info del pasado 3 de noviembre— aparecía hace unos días una queja de un usuario —anónimo— que, textualmente se expresaba en estos términos:

«La asociación de quiosqueros de Móstoles son una mafia que se han puesto de acuerdo para no distribuir el diario Público. Para comprarlo tengo que coger el coche e ir hasta la gasolinera. Con gentuza así la libertad de expresión se hunde, y ahora se asocian con otros para tener más poder».

A esta queja de un lector —enfadadísimo— de PÚBLICO, respondió un quiosquero —también anónimo— de la manera que sigue:

«Sin duda tu comentario es fruto del desconocimiento del mundo de la venta de prensa. Si algo pueden ser los kiosqueros son víctimas y nunca mafiosos. Con tu permiso me permito reducir tu nivel de ignorancia en este tema: El asunto de la distribución de Público es más complejo de lo que a simple vista parece: La venta de prensa y revistas no es un mercado libre como tal. El PVP lo fija el editor (fabricante del producto en este caso). El vendedor de prensa está obligado a adquirir el producto (periódico) a un distribuidor que ostenta la exclusiva en su zona, y por lo tanto, una clara posición dominante frente al vendedor de prensa».

Y más adelante añade:

«No hay un marco normativo y legal que ampare la relación comercial entre distribuidor y vendedor de prensa, es la ley del más fuerte y al débil (kiosquero) la única defensa que le queda es la unión de todos para adoptar medidas de fuerza que defiendan nuestros intereses. Si el cliente de prensa de 1 € se pasa al periódico de 50 cént. resulta que has trabajado lo mismo, con los mismos gastos y has ganado la mitad que antes, total la ruina. Nada garantiza que se vayan a vender dos periódicos de 50 cént. por cada uno que pierdas de vender a 1€. Si el periódico de 50 cént. funciona, los grupos editoriales de los otros harán lo mismo bajando el precio o sacando al mercado periódicos de 50 cént. (éste es su negocio, tener mucha tirada para cobrar la publicidad a los anunciantes). El incentivo por unidades vendidas siempre beneficia al que más vende (buena ubicación, clientela más pudiente, etc.) y poco aporta a los menos afortunados, si acaso un agravio comparativo más. Vivimos de vender prensa y revistas y no nos importa la línea editorial o ideológica de cada cabecera. El problema con Público es puramente económico y por lo tanto de rentabilidad de nuestro negocio, que es el qué nos da de comer. Un saludo».

Se puede decir más alto pero no más claro.

Resulta especialmente significativo el nivel de desinformación que la ciudadanía y los lectores tienen del mundo del quiosco de prensa. Ello les lleva a mantener opiniones que están en las antípodas de nuestra realidad. Decir que los quiosqueros somos «una mafia», que somos «gentuza» con la que «la libertad de expresión se hunde» y que nos asociamos para «tener más poder», se contrapone a la realidad que conocemos día a día. Hemos sacado estas opiniones —la del lector enfadado y la pedagógica del quiosquero— como un debate puntual y aislado, pero que nos debe hacer reflexionar sobre el desconocimiento social de nuestra profesión, precisamente por atribuirnos unas cotas de influencia y poder que ya quisiéramos que fueran ciertas.