Pese a no ver satisfechas todas sus reivindicaciones, los trabajadores autónomos españoles van a ver cómo buena parte de este colectivo se equipara, aunque parcialmente, a los asalariados por cuenta ajena.
El anteproyecto de Ley presentado por el ministro de Trabajo, el pasado viernes 29 de septiembre, al Consejo de Ministros fue considerado por el titular de dicha cartera, Jesús Caldera, como «histórico», al tiempo que recordaba que afectará, nada más y nada menos, que a tres millones de compatriotas.
Dicho anteproyecto, que define al trabajador autónomo como «aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de un tercero una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena», les reconoce un nuevo estatus jurídico: derecho a la no discriminación, conciliación de la vida laboral y familiar, y previsión frente a riesgos laborales, entre otras ventajas. Los trabajadores autónomos tendrán libertad de asociación y a ejercer la defensa colectiva de sus intereses y, aunque las dos grandes asociaciones de autónomos —ATA y UPTA—, no han conseguido que el gobierno les de luz verde a su entrada en el Comité Económico y Social (CES), si bien el gobierno la compensará con un Consejo Estatal el Trabajo Autónomo, que será el canal «institucional» de los autónomos a través de sus asociaciones más representativas.
En el anteproyecto se reconoce la figura del «autónomo dependiente»; esto es, el profesional cuyo trabajo dependa en más de un 75% del que se define como «cliente». Estos «autónomos dependientes» tendrían garantizado un mínimo de quince días de vacaciones al año y derecho a prestaciones por cese de actividad. La tendencia es, pues, a que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el Régimen General de la Seguridad Social converjan. Así, según el anteproyecto, los «autónomos dependientes» estarán cubiertos en caso de enfermedad profesional y accidentes de trabajo, así como la jubilación anticipada en caso de actividades de naturaleza tóxica, peligrosa o penosa. En contrapartida, según anunció Jesús Caldera, los trabajadores autónomos estarán obligados a registrarse y cotizar a la Seguridad Social.
El anteproyecto cuenta, en principio, con el visto bueno de ATA y UPTA, cuyos máximos representantes —Lorenzo Amor y Sebastián Reyna, respectivamente— firmaron junto al ministro de Trabajo un acuerdo previo el 26 de septiembre, acuerdo que puede leerse, en su totalidad y en formato PDF, en nuestra sección «Legislación y documentos».