A nadie se le escapa que el «endurecimiento» de la «Ley antitabaco», anunciado por la ministra Elena Salgado durante los últimos días, es un inequívoco síntoma de debilidad del nuevo ordenamiento. Lo cierto es que la ministra amaga… pero no pega. Mientras tanto, en determinadas comunidades autónomas donde gobierna la oposición, como es el caso de Madrid, la «Ley antitabaco» está a punto de recibir un duro varapalo. El rotativo EL MUNDO daba la noticia ayer, día 9, de la redacción de un borrador elaborado por la consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma madrileña que, a pesar de ser inequívocamente antitabaquista, choca abiertamente en varios puntos con la citada Ley.
El ejecutivo que preside el sr. Zapatero había dejado una «puerta abierta» a las Comunidades Autónomas, a través de los reglamentos que complementarán la Ley, y la oposición, allí donde gobierna, lejos de servir de acompañamiento coreográfico al espíritu y la letra de la «Ley antitabaco», con toda seguridad, van a «amoldarla» a una realidad social que no ha asumido aún —y es difícil que asuma en el futuro— el desaguisado.
Estamos firmemente convencidos de que las posturas intransigentes y la estrategia de «máximos» va a tocar pronto a su fin y de que, poco a poco, van a abrirse márgenes de maniobra como va a suceder en Madrid y, con toda seguridad, en Baleares. Nada sabemos aún de lo que el sr. Paco Camps piensa al respecto.
El borrador de reglamento de Madrid es una buena noticia. Sin embargo, el sector del quiosco no tiene aún motivos de celebración. La «Ley antitabaco» es contundentemente diáfana con respecto a la prohibición de venta de cajetillas en los quioscos y la cerrazón del gobierno central, en ese punto concreto, no ayuda. La brecha abierta por la sra. Esperanza Aguirre, no nos engañemos, tiene buen cuidado en primar al sector hostelero, pero no da soluciones concretas a los quioscos. Nos vale, empero, que abone la idea de que no todo está perdido y de que cabe pelear sin desmayo por recuperar los derechos que teníamos antes del primero de enero y que, de manera arbitraria, nos han sido arrebatados.
¿Qué hacer? La APVPVP y CONADIPE, lejos de maniqueísmos y de encajes de bolillos partidistas que ni nos van ni nos vienen, han optado claramente por la vía del diálogo y por la necesidad de ajustarse en todo momento a la batalla legal. En esa dirección van a ir los esfuerzos de los representantes del sector, porque entendemos —y no es la primera vez que lo decimos— que nuestras mejores armas descansan sobre la sólida base de la razón.

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