La Orden de la Presidencia 174, de 31 de enero de 2007, que reordena (¿?), entre otras cuestiones, la venta de petardos a menores de edad, ha puesto sobre el tapete toda una serie de cuestiones —negativas a nuestro entender— que van más allá del perjuicio causado al sector de los quiosqueros valencianos.
El mundo fallero también se ha visto tocado por el nuevo ordenamiento, de tal manera que, según informó ayer la prensa local de Valencia, el concejal de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de Valencia y presidente de la Junta Central Fallera, Félix Crespo, ya ha presentado, ante la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, una petición de moratoria contra la normativa que prohíbe la venta de petardos a los menores de 12 años, petición cuyo objetivo no es otro que permitir a “los responsables entender que la cultura y la tradición de la Comunitat han de conocerse en profundidad antes de lanzar una prohibición contra cientos de años de tradición”, hecho que para Félix Crespo no está exento de “insensibilidad”  y “desconsideración”.
En el mismo sentido se pronunció, ayer también, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, según informó la página internáutica Panorama-Actual. La primera edil insistió en la necesidad de conseguir dicha moratoria, teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas falleras. Rita Barberá indicó que “con el ‘tro de bac’ hubo —en su momento— una excepción” y que ahora había que “tener la misma sensibilidad”.
Para los quiosqueros dicha moratoria es fundamental porque, dada la cercanía de las fiestas josefinas, no ha habido tiempo para que el sector pueda acomodarse a la nueva situación, de tal manera que la pregunta que, de inmediato, nos hacemos no puede ser otra que ésta: ¿Por qué la Orden no salió en el Boletín Oficial del Estado, pongamos por caso, el 20 de marzo o, si se quiere, el 21 de agosto 2006? Nos gustaría que alguien pudiera responder al interrogante.

Y Harry Potter se metió a quiosquero…
Sea cual sea el resultado de todo este lío lo cierto es que los quiosqueros —como sucedió con la “Ley Antitabaco”— vamos a ser los grandes paganos de esta nueva y anómala situación, tal y como nuestro compañero José Miguel Sánchez, tesorero de la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Valencia y Provincia (APVPVP), señaló con cifras concretas en información que recogimos ayer en elkiosco.info.
Por un lado está el descalabro económico, pero por otro lado hay una cuestión que, por lo común, pasa desapercibida al legislador —en este caso, al poder ejecutivo—, a no ser que éste tenga una infinita fe en la capacidad adivinatoria o policial de los profesionales de la venta de prensa.
Nos explicamos. Tanto el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, como la Orden de la Presidencia 174, de 31 de enero de 2007, especifica una serie de “clases” de productos que se corresponden con unos baremos de edad. En concreto, la recientísima Orden especifica textualmente la siguiente clasificación. “Clase I. Mayores de 12 años. Clase II. Mayores de 16 años. Clase III. Mayores de 18 años”.
¿Cómo ha previsto el gobierno central solucionar el hecho de que el quiosquero tenga que discriminar entre un chaval de 11 ó 12 años, ó de 15 y 17? La cosa es bastante más complicada que con lo del tabaco. Parece obvio que un mayor de edad debe —o debería— estar provisto de Documento Nacional de Identidad. Pero, ¿puede legalmente un quiosquero solicitar dicho documento a un joven de edad incierta? Los jóvenes menores de edad, ¿deberán ir provistos al establecimiento del Libro de Familia para que el quiosquero pueda “clasificarlos” y poderles vender la especialidad o especialidades correspondientes? Decimos todo esto, porque si en el punto de venta no hay un policía nacional, guardia civil o policía local —según el caso— adscrito, o si el profesional no está dotado de algunas de las virtudes mágicas de Harry Potter, va a ser muy, muy, pero que muy complicado cumplir la ley.
Damnificados por la Orden hay muchos, sí, pero sólo al quiosquero se le pisa, se te toca el bolsillo y, además, se le endosan prerrogativas policiales o, para ser exactos, parapoliciales. Y a todo esto, con la estaca sancionadora planeando sobre nuestras cabezas.
¿Usted entiende algo?… Nosotros tampoco.