La Comunidad Valenciana ha registrado una importante bajada en la afiliación al Régimen de Trabajadores Autónomos. Ni las Comunidades Autónomas que amplían el periodo de tarifa plana, ni las que aplican bonificaciones especiales están siendo capaces de consolidar el trabajo autónomo.

Es el sector comercio el que lidera estas bajadas. Levantar la persiana cada vez nos cuesta más caro.

El esperado documento programático que lleva tiempo elaborando el Gobierno en funciones se presentó el pasado martes bajo el título ‘Propuesta abierta para un Programa Común Progresista’.

Si que están presentes en este documento algunas medidas enfocadas directamente al trabajo autónomo y al fomento del emprendimiento, concretamente once. Buena parte de estas nacen a partir de las reuniones celebradas en las últimas semanas con 376 asociaciones representativas de la sociedad civil, y en el caso concreto de los autónomos, de la reunión mantenida el pasado 8 de agosto,  con ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) y UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) – las dos organizaciones de autónomos que representan al 81% del colectivo-, además de UATAE (Unión de e Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores).

Otra declaración de intenciones que aparece en el documento es el “fomentar el diálogo social con las organizaciones representativas del trabajo autónomo, buscando el objetivo de  avanzar la “gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena, destacando en este ámbito la declaración que hace el ejecutivo de  aprobar  el establecimiento de una “cotización acorde con sus ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación”.

En el caso de la prestación por desempleo, el 40% de las solicitudes que presentaron los autónomos para cobrar el paro fueron rechazadas, en los primeros tres meses de 2019. De los 1.051 autónomos que lo han solicitado en el primer trimestre del año, solo se han aceptado 625 solicitudes, mientras que 426 se han rechazado por no poder acreditar el derecho a la prestación.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha explicado que se han presentado 80 reclamaciones de las cuales se han estimado 33 de ellas. Desde UPTA consideran “fundamental” poner en marcha una Comisión Nacional para analizar por qué se deniegan las solicitudes de cese por actividad y poder dar “mayores garantías” de recibir la prestación por la que se cotiza. Porque es importante recordar que, en la actualidad, todos los profesionales por cuenta propia son obligados, por Ley, a cotizar sí o sí por esta prestación. Obligados a pagarla, mientras que el Estado no está obligado a otorgarla, tal y como certifican los datos.