PANORAMA ACTUAL ya adelantó, hace días, la noticia de que la Junta Directiva de la Asociación representativa de los quiosqueros valencianos, la APVPVP, discrepaba de la redacción del Real Decreto-Ley que rectificaba la llamada “Ley Antitabaco”. En un avance publicado por dicho portal de internet  el 25 de febrero, podíamos leer:
«Los quiosqueros exigen al Gobierno que se “explique claro” y que diferencie que tipo de quioscos —vía pública o locales—, se les concede la permisividad de la venta de tabaco, mediante las máquinas expendedoras. Ya que tras la última modificación no queda bien diferenciado quien lo puede cometer. De este modo reclaman una respuesta al ejecutivo central, si no, como señaló este sábado la presidenta de los vendedores de prensa valenciana, Ana Valle, amenazan con “cerrar las puertas a nivel nacional el 28 de marzo”».
Y así fue. En efecto, con fecha del pasado 1 de marzo la Junta Directiva de la APVPVP envió una circular a todos sus asociados en la que se anunciaba el cierre y concentración que ahora está recogiendo la prensa, como por ejemplo el rotativo LAS PROVINCIAS que, en su número del pasado sábado día 4, ofrecía la noticia a sus lectores en los siguientes términos:
«Los quiosqueros de la provincia de Valencia saldrán otra vez a la calle para exigir al Gobierno una aclaración de la modificación de la ley antitabaco. La protesta se realizará el próximo 28 de marzo cuando los propietarios de estos negocios cerrarán las puertas y se dirigirán a la Delegación del Gobierno.
El problema radica en qué se entiende por quiosco de vía pública. El Comisionado de Tabaco, encargado de conceder las licencias para la venta de cigarrillos, entiende por quiosco de vía pública aquel que no se encuentra en un bajo comercial. Esto limitaría notablemente la cantidad de negocios que podrían vender este producto.
No obstante, la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Valencia y Provincia insiste en incluir bajo la denominación a cualquier local que disponga de una salida a la calle. Por eso reclaman por escrito al Ministerio que aclare la cuestión.
La protesta de finales de mes persigue el objetivo de que el Gobierno aclare cuanto antes esta ambigüedad de forma definitiva, “ya que el sector está acusando ya cierta debilidad”».