La Ley de “Segunda Oportunidad” es como se denomina de forma popular al Real decreto 1/2015 de 2 de febrero instaurado por el gobierno hace tres años, con el objetivo de facilitar a las personas físicas, autónomos, familias, y particulares en general que puedan librarse de sus deudas y afrontar una nueva vida personal y profesional.

Se trata de un mecanismo a través del cual se puede obtener un “perdón” de las deudas derivadas de su actividad profesional, aunque hasta ahora tan solo 9.000 personas han optado por esta Ley.

Normalmente, el empresario autónomo que recurre a la Ley de segunda oportunidad es porque se encuentra en una situación de insolvencia producida porla imposibilidad de atender al pago de las deudas contraídas con entidades bancarias en cuanto a la financiación de su actividad profesional, así como por deudas públicas frente a Hacienda y Seguridad Social”.

Tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo, serán los juzgados mercantiles quienes decidan qué parte de la deuda (hasta el 70 por 100) contraída con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, se le perdonará a un autónomo en situación de quiebra, teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona.

A este respecto la legislación establece, que aunque el deudor haya sido declarado culpable, el juez puede considerar la exoneración de su deuda siempre que no aprecie culpa grave del deudor.

La normativa solo reconoce la exoneración de la deuda para aquellas personas que actúen de buena fe, es decir que cumplan algunos requisitos, como por ejemplo no haber sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, tampoco por falsedad documental, o contra los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años, además de no haber rechazado una oferta de ocupación adaptada al deudor en los últimos cuatro años.