ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) declarar la necesaria Reforma del Sistema de Pensiones y del Estatuto de los Trabajadores, considera imprescindible una Reforma Tributaria que rebaje la presión fiscal que sufren los trabajadores por cuenta propia.

Estas son las medidas que esta Asociación propone al Gobierno:

En lo referente a emprendimiento y cotizaciones:

Que todas las personas que realicen algún tipo de actividad económica por cuenta propia estén obligadas a darse de alta en el RETA, aunque su actividad sea puntual.

Implantación de tres tarifas de cotización a la Seguridad Social. La Tarifa 0, para los no habituales, con la que quedarán exentos de pagar siempre que sus ingresos estén por debajo del SMI anual y no estén dados de alta más de dos meses consecutivos en el mismo año o cuatro de manera discontinua; la Tarifa 30, para estudiantes que estén cursando estudios universitarios, de Formación Profesional o cualquier estudio superior reglado y tengan menos de 25 años, y la Tarifa 60, para autónomos con ingresos por debajo del SMI durante dos años prorrogables.

Para el emprendimiento femenino, ATA propone una tarifa plana de 30 euros durante dos años para todas aquellas emprendedoras del ámbito rural.

En cuanto a la generación de empleo por parte del colectivo autónomo, la medida estrella que propone es que el autónomo que contrate pague una tarifa plana cuando genere su primer puesto de empleo.

Además, propone bonificar la contratación de un trabajador durante los periodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento o riesgo de embarazo, ampliando a los dos últimos trimestres de gestación y siempre que la trabajadora conviva con el nuevo empleado/a antes de su baja para poder formarlo/a.

Respecto a la tarifa plana, la organización propone ampliarla hasta los 24 meses para todas las autónomas que se reincorporan a su actividad tras la maternidad, siendo el segundo año bonificadas por su Comunidad Autónoma.

Con relación a la protección social y sostenibilidad del sistema de autónomos:

Dentro de este bloque destaca la propuesta de que las cuotas de los autónomos societarios sean deducibles en el impuesto de Sociedades, siempre que exista proporcionalidad entre su base de cotización y el rendimiento que obtenga de la sociedad.

Para ayudar a mejorar el sistema de pensiones también se plantea que los autónomos reciban cada año un informe de vida laboral con una simulación de las prestaciones y la pensión a las que tendría derecho, así como una información de cómo cambiaría su situación si cotizase 100 euros más cada mes.

También se plantea la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias al RETA, para aquellos que al inicio de su ejercicio no eleven su base de cotización mensual, pero puedan permitirse realizar una aportación que le cuente para su cuenta con la Seguridad Social.

Otra medida importante es permitir que los autónomos con deudas con la Seguridad Social puedan acceder a su jubilación, aunque tengan que renegar de un porcentaje de la misma hasta saldarla.

Para el paro de autónomos, se plantea un subsidio de seis meses para quienes hayan agotado su prestación por cese de actividad, y que además este concepto no sea obligatorio en las cotizaciones de los pluriempleados.

En materia de fiscalidad:

En materia fiscal, las medidas más destacadas son la de incorporar el IVA franquiciado al régimen fiscal, como en el resto de países del entorno europeo, permitir que los nuevos autónomos que no superen los 30.000 euros de rendimientos netos no tengan que pagar el IVA y mantener los límites actuales de facturación para que los profesionales del transporte tributen en estimación objetiva y tengan una transición coherente.

Además, se plantea garantizar el pago del IVA de manera aplazada y que los profesionales por cuenta propia se puedan deducir el IRPF de manera íntegra con respecto al gasto de su vehículo si es eléctrico.

Respecto al texto de la Ley de Segunda oportunidad:

En este ámbito, lo que quieren desde ATA es que se modifique la ley en relación de la inclusión de los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales, y que se implementen mecanismos de prevención de quiebra y reestructuración preventiva.