El lunes, día 30, los quiosqueros valencianos tenemos una ineludible cita con la movilización: con el cierre de los puntos de venta y con la concentración que ha sido convocada frente a la Conselleria de Sanidad. Y decimos ineludible porque esa cita puede marcar —o no— el devenir de los acontecimientos. De nosotros depende.
Aparentemente, somos “pequeños” y nuestra voz apenas si parece un lejanísimo murmullo en la vorágine mediática cotidiana. La “Ley antitabaco” fue aprobada “a la búlgara” o, como diría el castizo, mediante la técnica del “elefante en la cacharrería”. Desgraciadamente, en este auténtico desaguisado no hubo oídos ni sensibilidad para miles y miles de quiosqueros que tenían en la venta de tabaco un pilar básico de sus economías. A las Asociaciones representativas no se les ha dejado margen de maniobra. Donde debió aparecer el diálogo y el acuerdo, surgió la imposición. Un ordenamiento jurídico que excluye, sin más, a una parte de la ciudadanía, no empieza —se diga lo que se diga— con muy buen pie.
¿Qué ocurrirá después del día 30 de enero? Caben, a nuestro juicio, dos posiciones igualmente legítimas y razonables.
Una, que consistiría en aceptar, sin más, el “escenario” creado tras la aplicación de la ley, tratando de adecuarse a las circunstancias lo más rápidamente posible (en absoluto podemos perder de vista que aquélla no es una “ley del PSOE”, sino que todos los grupos parlamentarios dieron —con mejor o peor gana, con mejor o peor cara— su “sí”).
Otra, estaría basada —en un primer momento— en posiciones de rechazo razonado, para después pasar a una suerte de contraataque cuyo objetivo último no sería otro que cambiar ese “escenario” indeseado.
La movilización del lunes es, a nuestro juicio, un punto y seguido, para, inmediatamente después, ponerse manos a la obra en la dirección de sentar las bases de una respuesta que, en cualquier caso, jamás deberá tener la tentación de transitar por los cerros de Úbeda: la legalidad puede y debe cambiarse desde la propia legalidad. En absoluto interesan las actitudes torvas o que desborden los cauces normales de la convivencia. La Asociaciones —y, entre ellas, la APVPVP en primer lugar— a buen seguro no lo van a tolerar.
¿Es posible un “cambio de escenario”? Desde nuestro punto de vista, sí cabe la posibilidad de enderezar la situación. Nadie dice que sea inmediato ni fácil. Sin embargo, existen las suficientes grietas en la “Ley antitabaco” para pensar que, al final del túnel, hay luz.
Contradicciones legales —que podemos y debemos poner encima del tapete en cualquier ocasión que se nos presente— aparte, existe un factor fundamental que no debemos marginar y que va a tener un peso determinante en el fracaso de la “Ley antitabaco”. Nos referimos, obviamente, a la capacidad de asimilación del nuevo ordenamiento legal por la ciudadanía, a su recepción sociológica.
Los españoles ya conocemos las mieles de la convivencia en paz y libertad, y las leyes coercitivas no suelen ser recibidas con agrado por una ciudadanía que, por suerte, ya es mayor de edad, democráticamente hablando. Las “leyes secas” —la historia así nos lo dice—, inciden sobre situaciones coyunturales anómalas y siempre son efímeras. La “Ley antitabaco”, aunque ha sido aprobada democráticamente, atufa. No hace un mes que ha entrado en vigor y, pese a lo espectacular y ejemplarizante de las primeras denuncias y sanciones, lo cierto es que ya hay evidentes síntomas de cansancio entre la población, en general, y la población consumidora, en particular. De la euforia inicial de legisladores, poder ejecutivo y campañas mediáticas inducidas, hemos pasado a una situación de “impasse”, de “a ver que pasa”.
Para colmo, los datos empiezan a volverse contra quienes imaginaron un paraíso sin humo de tabaco. La prensa de ayer viernes recogía la noticia de que si, en un principio, sólo un 10% de los bares con menos de 100 metros cuadrados habían optado por el prohibicionismo, en apenas cuatro semanas dichos establecimientos ya se ha reducido al 5%, a la mitad. Esto es, el fumador busca en “el bar de la esquina” un espacio de libertad y, desde luego, lo que menos le apetece es encontrar en ese espacio de libertad un cartel que le impida ejercer su libertad de consumir tabaco. A los establecimientos que abrazaron el prohibicionismo, en consecuencia, no les ha quedado más remedio que ido plegando velas ante la fuga masiva de clientes.
Nos consta, porque además hemos tenido la posibilidad de entrar en ellos, que en locales que exhiben el cartel prohibicionista, a determinadas horas de la tarde/noche el humo del tabaco vuelve a adueñarse del local. En la mayoría de restaurantes reina la ambigüedad, por no decir la confusión más estrambótica. En teoría existen zonas “sin humos”, pero esas zonas no están delimitadas y los dueños no parecen estar por la labor de trazar guetos en sus negocios. Noticias nos han llegado, incluso, de que en algún organismo oficial ya ha ardido alguna papelera como consecuencia de un cigarrillo mal apagado y donde, para colmo, los lavabos se han convertido ya, como en colegios de los ya lejanos años sesenta, en improvisados “fumaderos” donde las neuronas de no pocos funcionarios encuentran circunstancial consuelo.
¿Qué sucederá cuando, llegados los calores del estío, las costumbres del españolito de a pie se relajen cual relojes blandos de Dalí? Y sin irnos tan lejos en el tiempo, ¿cuántos inspectores piensan lanzar a la calle las administraciones públicas estos Carnavales o estas Fallas que se avecinan?
La “Ley antitabaco” es una ley injusta, prohibicionista, contradictoria y por ser injusta, prohibicionista y contradictoria tiene sus días contados. No sabemos cuánto tardará en desaparecer del mapa, lo que sí sabemos es que sería absurdo —y hasta ridículo— que los quiosqueros perdamos, sin más, la esperanza y las ganas de dar la batalla por recuperar lo que era nuestro.

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