En unas declaraciones difundidas por SERVIMEDIA y recogidas por algunos rotativos de tirada nacional, como por ejemplo EL PAÍS, el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), señor Asensio López, acogía de mala gana la rectificación que de la «Ley antitabaco» hizo el Gobierno, el pasado viernes, a través del Real Decreto-Ley 2/2006.
El sr. López considera dicho Real Decreto-Ley «un paso atrás» y opina que aumenta «la posibilidad de comprar más fácilmente el tabaco, una medida que no es buena para la salud pública y que lo que intenta es resolver un problema económico». La agencia, sin entrecomillar, pone en labios del sr. López la necesidad de soluciones para mejorar la situación de estos establecimientos, al tiempo que aprovecha para criticar a las autoridades de la Comunidad de Madrid por su oposición a la «Ley antitabaco», oposición que, según el sr. López transmitiría «mensajes negativos» alentados por un «populismo que no tiene ninguna justificación».
Ni qué decir tiene, que el Real Decreto-Ley 2/2006, si no ha supuesto un triunfo rotundo de los quiosqueros como hubiese sido la vuelta a la situación que existía antes del 1 de enero pasado, de lo que no nos cabe la menor duda es de que ha sido una derrota sin paliativos de quienes nos querían —quieren— llevar a la Arcadia de un «mundo feliz» a golpe de autoritarismos de salón. Los antitabaquistas confunden sus deseos —límpidos, inmaculados, impolutos y cuasi celestiales— con la realidad, sin darse cuenta que la realidad es justamente la realidad de esas decenas de miles de familias que han andado estas últimas semanas sobre el filo de la navaja. El sr. Asensio López y la pléyade de «salvadores de la humanidad» que estos días se han asomado con escasa fortuna a los medios de comunicación, creen que su democracia es la democracia y que su economía tiene que ser, por arte de birlibirloque, la economía del resto de sus compatriotas.
El tabaquismo es, efectivamente, una enfermedad. ¿Quién se atrevería a negar esta verdad rotunda? Pero para acabar con el tabaquismo la fórmula no puede consistir ni en «leyes secas», ni en el «palo y tente tieso», ni en agravios comparativos; estrategias que, a nuestro juicio, deberían pertenecer a épocas que están archivadas en la historia… y ahí están bien. Al tabaquismo se le vence con sólidas campañas de concienciación, educando a las nuevas hornadas de jóvenes, y advirtiendo seriamente a los adultos que es infinitamente mejor poseer unos pulmones sonrosados que no un par de sacos de hollín. Creemos que los antitabaquistas pueden esgrimir decenas de razones y todas ellas plausibles en esa dirección. Tan sólo les falta, a nuestro juicio, un poquito de imaginación.
Lo que no es de recibo es que esa falta de imaginación se supla con acusaciones que nos convierten a los quiosqueros en focos de sepsis o psicópatas a plazos. Nos hemos limitado en el pasado y nos limitaremos en el futuro a vender un producto legal —tradicionalmente vendido en los quioscos y que hemos dejado de servir a nuestros clientes durante unas semanas por razones que aún no acabamos de comprender— y cuya venta está autorizada —previo pago de las correspondientes tasas, no se nos olvide— por el Estado.
El Gobierno, efectivamente, ha tratado de resolver no sólo un problema económico, sino un problema económico gravísimo y, en definitiva, una flagrante injusticia. El Real Decreto-Ley no deja dudas al respecto y, con rotunda claridad, afirma que la rectificación «obedece a la necesidad de no causar un perjuicio económico a un sector cuyos ingresos por la venta de tabaco han sido tradicionalmente importantes», sector que el Gobierno identifica perfectamente: «un sector modesto como el de los vendedores de prensa». Pero hay más. El Gobierno no sólo da marcha atrás y evita la más que posible ruina de decenas de miles de familias, sino que advierte que la finalidad de la «Ley antitabaco» rectificada es «perfectamente compatible con la defensa de la salud pública» y que la «dispensación de tabaco en estos casos seguirá estando fuertemente limitada, especialmente para evitar el acceso de los menores a estos productos». Se puede decir más alto, pero no de manera más diáfana.
A los quiosqueros, por último, cansados como estamos del continuo acoso al sector, nos gustaría que cuando se hable de nosotros se haga con respeto. Desde nuestro punto de vista, hay una falta grave de respeto cuando éste u otros paladines del purismo apuntalan siempre su discurso con muletillas que aluden a ficticias mejoras de nuestras circunstanciales situaciones anómalas sin aportar un solo dato. Estamos hartos, sr. López. ¡Queremos datos! ¡Exigimos datos! Si se nos pretendía castigar con unas pérdidas del 40%, aproximadamente, nosotros lo que queríamos es que «alguien» con poder, a ser posible con firma en el BOE, nos hubiera señalado resueltamente dónde está el 40% salvífico que debía tapar de inmediato ese otro 40% que se va por la alcantarilla. Por favor, si alguien tiene la tentación de «perdonarnos la vida» de aquí en adelante, que tenga al menos el cuajo de poner sobre la mesa datos —a ser posible traducidos en euros— o si no mejor es que se guarden la lengua en el bolsillo, porque la salud política también tiene su… aquello.